Gran acierto del ministro Jordi Sevilla

Leo en varios periódicos que el ministro de Administraciones Públicas ha explicado en el Congreso su anteproyecto de Estatuto de Empleado Público, norma rectora de lo relativo a las relaciones funcionariales.
Los funcionarios españoles, no como ciudadanos, sino como fuerza laboral, es un conjunto ineficiente. Hace unos años la OCDE alertaba que España tenía casi el doble de funcionarios de los que necesitaba, fruto, en gran medida, de la reduplicación de cuerpos funcionariales en materias cedidas por el Estado a las autonomías o los entes locales. Además, la misma organización cuestionaba la rigidez del sistema público de empleo español, amén de lo disparatado de las pruebas por las que se debe acceder a tales puestos.
Por tanto, sea bienvenida cualquier iniciativa para modernizar la función pública; si estas medidas inciden, además, en acabar con uno de los problemas que causan esa ineficiencia, como es el hecho de que los trabajadores no tengan ningún incentivo para ser eficientes, entonces la noticia se convierte en fantástica.
En efecto, como todo en esta vida, la condición laboral de los empleados públicos debe adaptarse a los nuevos tiempos, reduciendo las desigualdades que existen entre los trabajadores adscritos al mercado laboral y los funcionarios.
Ello no quiere decir, y de hecho el anteproyecto así lo asegura, que los funcionarios vayan a perder sus puestos fácilmente, ni que sus condiciones laborales vayan a empeorar, más bien todo lo contrario, siendo, como es, que sus complementos salariales también comenzarán a vincularse con rendimientos.
Por tanto, y con ello, una gran noticia para que el Estado siga su proceso de adaptación a la realidad de las democracias europeas más avanzadas.