El impuesto religioso

Este año toca revisar el concierto financiero que vincula a la Iglesia Católica y al Estado.
La IC en España ha disfrutado de numerosos privilegios y prebendas en los últimos decenios, en buena medida debido a su cercanía y colaboración con el régimen fascista de Franco. Pero esta situación comienza a chirriar en una sociedad democrática.
Con todo lo importante que sea la ICAR, que no seré yo quien lo ponga en duda, no pasa de ser una asociación privada de propagación de una determinada fe, con un status especial, pero privado. Dentro de sus privilegios está el de no tributar ni un solo euro del dinero proveniente de donaciones ni de aquél afecto a operaciones sin ánimo de lucro, como aquel dinero para ayudar a las víctimas del Huracán Mitch que, sorprendéntemente, acabó en cuentas de alta rentabilidad de una consultoría llamada Gescartera. Del mismo modo la ICAR tiene el control absoluto sobre 18.000 docentes de materia religiosa pagados por el Estado. Podríamos poner más ejemplos, como el de la convalidación de sentencias, pero nos bastan estos dos en lo que a la perspectiva financiera se refiere.
La cuestión es que al año el Estado le transfiere a la ICAR 3.000 millones de € para atender sus gastos. Este dinero proviene de un fijo que asigna el Estado via presupuestos generales del Estado (que ahora mismo está en el 0,52% del PIB), más todo lo que se recauda por medio de la casilla de aportación voluntaria de los contribuyentes en la declaración del IRPF, que en estos momentos, y según datos de la Agencia Tributaria, ronda el 36-39% de declarantes.
Teniendo esto en cuenta parece sensato reclamar que la ICAR deje de tener un trato privilegiado, habida cuenta de que no es la única organización que realiza obras sociales, y, por lo tanto, ese 0,52% sea repartido entre todas las ONGs que a dichas obras se dediquen; además sería conveniente que la ICAR tuviese que acogerse a unos parámetros de transparencia financiera, y que debiese tributar de algún modo por los activos dinerarios y patrimoniales que ostenta y con los que, en muchos casos, hace negocio.
La financiación más importante de la ICAR debe provenir, necesariamente, de sus fieles, de sus socios, de aquellos que comparten camino con sus ideales. Por ello, y como en muchos otros países europeos, se hace necesario la instauración del llamado impuesto religioso o bautismal, por medio del cual aquellos que sigan una determinada fe sean los encargados de sostenerla. Ello parece no solo lógico, de igual modo que los miembros de un determinado club de tenis aportan cuotas para su sostenimiento, sino de justicia. Como hemos mencionado antes tan solo el 36-39% de los contribuyentes marcan la casilla...¿debe por eso detraerse un tanto por ciento del resto de declaraciones que no han consentido en tal detracción?¿no sería más sencillo preguntar diréctamente si el individuo en cuestión quiere seguir financiando a tal o cual asociación privada?
El tema de la Iglesia no es baladí. Europa ha superado muchos años atrás la dicotomía Iglesia-Estado, nosotros tenemos todavía un camino por recorrer.