El Control de los Medios

Mucho revuelo es el que, últimamente, está levantando la "guerra de medios" en España.
No será esta reflexión un intento de criminalizar a unos medios u otros, sino una crítica a cerca de los intentos por parte de los partidos catalanes, y del propio Gobierno de España, de otorgar a órganos políticos designados a dedo poderes para cerrar medios, cancelar emisiones o sancionar a los medios de comunicación que, a su juicio, cometan infracciones.
Obviamente, como en todo estado europeo, debe existir un Comité Audiovisual que otorgue licencias y vele por el cumplimiento riguroso de esas concesiones en los términos en que se pactaron, que es lo que se deriva de su naturaleza administrativa. Nada que objetar, pues, al especial control formal que se debe sostener sobre empresas privadas que se benefician en régimen de exclusividad de una concesión estatal.
Lo que no veo tan claro es la posibilidad de conceder a órganos administrativos una potestad sancionadora que, de facto, iguala su potencial represor al de los Tribunales de Justicia. No es bueno que un órganismo político pueda cerrar una emisora de radio porque, a su juicio, haya "traspasado los límites de la libertad de expresión".
¿A caso no tenemos una vasta red de Tribunales de Justicia?
Cosa distinta sería que ese Comite Audiovisual creara un dossier que entregara, por ejemplo, al Fiscal competente con el fin de abrir una investigación tendente a sancionar a determinado medio por cometer un delito. Eso sería, no solo deseable, sino, desde un punto de vista legal, obligado, ya que el Estado debe velar por aquellos derechos de los que es titular, que, obviamente, genera obligaciones, entre las que se encontraría el evitar la comisión de delitos con licencias por él concedidas.
Este intento político de controlar los medios me recuerda mucho a la Ley de Partidos, con la cual se criminalizó y expulsó de los cauces democráticos a un partido político ateniéndose a meros parámetros políticos, y no penales o criminales, puesto que, por ejemplo, no condenar el terrorismo no puede ser, en ningún caso, tipificado como delito, y sin embargo fue admitido como prueba para ilegalizar a una fuerza social, nos guste más o menos.
Los políticos deberían dejar que la Justicia actuara sin necesidad de crear órganos "ad hoc" para suplantar su labor. Si el PSOE u otras fuerzas creen que la COPE debe recibir algún proceso sancionador derivado de su actividad no tienen más que seguir el ejemplo de ERC, presentar una denuncia llena de pruebas y, con ello, dejar en manos de quien debe, esto es un poder independiente, la resolución.
No todo vale, ni contra la COPE ni contra nadie.
Feliz Navidad a todos.