El canon: justificación ideológica de la piratería

El Ministerio de Cultura ha pactado con las sociedades gestoras de los derechos intelectuales de autores, editores y productores las tarifas que aplicará como canon a ciertos aparatos de uso mayoritariamente informático. Parece ser que los móviles, los discos duros, los aparatos de mp3, etc., son, potencialmente, vehículos de actos ilegales, y, en consecuencia, a alguna mente pensante se le ha ocurrido la genialidad de considerarnos a todos culpables, para no soliviantar al lobby de los artistas.
El problema de una medida como ésta, de efectividad más que dudosa excepto en el plano de llenar los bolsillos de algún estómago agradecido, es que dota de barra libre a los contumaces piratas, ya que, si antes copiaban con el reproche moral de estar cometiendo actos deshonestos contra la propiedad intelectual, ahora se consideraran impunes a la hora de descargar todo el material que quieran, puesto que ya pagan la horrenda tasa penalizadora de conciencias.
¿Quién reprende ahora al que tiene funcionando el eMule toda una noche, si ha pagado 12 euros por el disco duro que utilizará para reproducir los archivos copiados?
Más aún, los más avispados, que conocen sin duda eBay u otros portales de compra por internet, acudirán a vendedores que facilitan material sin tener que abonar canon, ya que sus tiendas se encuentran fuera del territorio nacional. Y, creedme, los piratas no son precisamente idiotas en esto de la informática, ellos sabrán donde conseguir soportes sin que el canon les afecte en absoluto.
Resumiendo, que el canon acaba con el principio de presunción de inocencia, consagra como receptor de una tasa estatal a sociedades privadas, y facilitará la labor de los nunca bien ponderados comerciantes virtuales, que, como suele suceder, se adelantarán a los cambios normativos para seguir ofreciendo un servicio competitivo en favor de sus usuarios.
Vamos, Sociedad 1 - 0 SGAE/Gobierno

Buena idea.

El anuncio realizado hoy por Jesús Caldera sobre las bonificaciones por la prolongación voluntaria de la edad de trabajar debe ser recibida con satisfacción por todas las partes implicadas en el asunto.
Los trabajadores deben alegrarse de que, voluntariamente, se les permita continuar en su actividad, máxime cuando los patrones de esperanza y calidad de vida han cambiado tanto en los últimos 25 años, que muchos de ellos se encontraban enormemente descolocados con la jubilación forzosa a los 65. Además no se perjudica en absoluto a quien opte por la jubilación a los 65, sino que se bonifica al que quiera continuar.
Los empresarios se benefician enormemente de la exención en el pago de las coutas sociales, lo cual abarata significativamente el coste empresarial que la empresa debe soportar por un trabajador que aún puede aportar mucho en su puesto, no sólo en términos de productividad, sino también en razón a la formación que puede dispensar a los nuevos trabajadores que se incorporen a la sociedad.
La sociedad, por último, se beneficia de una medida que tenderá a mejorar la vida colectiva de nuestros mayores, en cuanto se abordará una problemática importante en nuestro país, que es la de los mayores, especialmente varones, que se encuentran, de la noche a la mañana, jubilados sin más que hacer que dedicarse a hobbys que, en el peor de los casos, no existen, y cuya transición a la vida de retiro se hace muy dificultosa, por el síndrome de inutilidad que genera en personas que aún pueden dar lo mejor de sí.

¡A la toma del TC!

Las elecciones se acercan, y los movimientos políticos para desvirtuar los argumentos del contrario se hacen cada vez más frecuentes.
La última decisión del PP provoca, cuando menos, perplejidad.
La formación conservadora ha presentado una recusación formal ante el TC, dirigida a tres jueces del sector progresista. Su argumento tan esperpéntico como adecuado para la formación política que nos ocupa: en un periódico hemos leido que...
¡Prueba de cargo irrefutable! Una información periodística del imparcial diario EL MUNDO demostraría que dichos jueces mantuvieron una reunión privada en la que se posicionaron a favor de la reforma del LOTC aprobada recientemente por el Gobierno.
El PP ve en esta maniobra una respuesta lógica a las recusaciones presentadas por el Gobierno.
Quizás no hayan comprendido una diferencia fundamental: Calvo y Zapata, los dos magistrados conservadores recusados por el Gobierno, utilizaron una tribuna pública para dar a conocer su desacuerdo con la ley. Un juez, como se sabe, debe ser imparcial. Supongo que a ningún observador se le pasará de largo que, si un miembro de la más alta magistratura jurisdiccional del Estado pregona a los cuatro vientos sus ideas políticas para criticar una ley elaborada por el poder legislativo, está perdiendo su imparcialidad.
Pero al PP, y a EL MUNDO, que tiene cierto complejo de Jean D'Arc, le da igual ese pequeño matiz, esa línea que separa el negro sobre blanco firmado de puño y letra por un recusado, de una presunta reunión en la que se habría tomado una postura determinada.
No sé, hay cosas de esta "España de todos" que pregona el PP que aún me cuesta entender.

Nefasta ley del cine

El poder que se han ido ganando ciertos artistas en este país es bastante curioso.
No son mayoritariamente aclamados por su éxito comercial ni personal. No cosechan grandes favores del público, y cuando algún producto destaca corren a tirarse al cuello de su creador acusándolo de comercial o burbuja.
Y digo yo ¿qué mejor test de calidad que la opinión del consumidor?
Me hace gracia ver cómo el Gobierno hace lo que puede por continuar manteniendo cuantiosas subvenciones al cine español, enfrentándose para ello a exhibidores, cadenas de televisión y, fundamentalmente, espectadores.
Las encuestas y los números de taquilla no mienten: el cine español, en general, nos parece un soberano coñazo. Preferimos ver Mr. Bean en lugar de Obaba...¿a alguien le extraña?
La realidad es que la cultura no se salva obligando a que se financie el cine español, entre otras cosas porque nadie puede demostrar que nuestro cine sea "más cultura" que el americano, el cine español se salvará ganándose el aplauso de un público que está harto de ciertas historietas con trasfondo "pseudo-modernista" de diseño.
A mi, como ciudadano, me molesta ver como una industria que no supone un eje estratégico de nuestra economía percibe subvenciones que serían mucho más necesarias para asentar el tejido PYME o las TIC en España, o para impulsar la I+D+i, que es lo que crea puestos de trabajo en una economía sometida a la competitividad a la que se ven sometidas las economías europeas.
Si en algo le interesa a alguien la opinión de este humilde ciudadano, que se dejen de leyes coactivas para financiar películas que no arrastran más que a unos miles de ciudadanos a las salas de cine, y los cineastas que comiencen a hacer películas atractivas para el público y se dejen de metrajes interminables trufados de masturbaciones mentales personales. Harán un enorme favor a nuestros bolsillos.

¿Nos estamos volviendo locos?

Tras leer este titular he sentido un escalofrío...algo está fallando, y mucho, para que un ciudadano elegido por sus iguales haya dicho semejante exabrupto sin razones que lo justifiquen:

Acebes acusa a Zapatero de colocar a España "en manos de nacionalistas extremistas y terroristas"

Reflexionemos, por favor, no todo vale para recuperar el poder.