COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL SOBRE PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA
La Asociación de Descendientes del Exilio español:
1. Saluda el envío al Congreso de los Diputados, en respuesta al mandato parlamentario, de los informes sobre la situación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, después de haber consultado la Comisión Interministerial a las asociaciones y a los familiares de las personas afectadas.
2. Asimismo felicita la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley.
3. El Proyecto de Ley es un primer paso del proceso de rescate de la Memoria de la Libertad y la Democracia española y de quienes lucharon, murieron y fueron víctimas del levantamiento militar, de la complicidad nazi-fascista y de la dictadura posterior.
4. Corresponde ahora a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados encontrar un amplio consenso para profundizar, mejorar y completar las numerosas carencias, indefiniciones y temas abiertos. de la iniciativa.
La Asociación de Descendientes del Exilio español presentó el 10 de Diciembre 2004 a la Comisión Interministerial un Memorando en el que se solicitó, entre otros temas:
1. El reconocimiento moral del Exilio español.
2. La declaración de víctimas del franquismo de los exiliados y sus descendientes y el reconocimiento jurídico del Exilio español.
3. La nacionalidad española de origen de los hijos y nietos de los exiliados políticos españoles, nacidos en el extranjero, modificando el Código civil en materia de nacionalidad y se declare que quienes adquirieron otra nacionalidad, obligados por circunstancias excepcionales, no perdieron voluntariamente la española porque lo necesitaron para protegerse de la persecución política.
4. La convalidación de los estudios realizados en otros países como medida necesaria para facilitar el retorno.
5. La inclusión de los niños evacuados a otros países (incluyendo México), en el Proyecto de Ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil.
6. La dignificación de la memoria de los exiliados políticos españoles que se incorporaron a la Resistencia contra el fascismo en Europa y sufrieron la represión, la deportación y el exterminio en los campos .
7. La ordenación y digitalización de los archivos que guardan fondos relacionados con la diáspora republicana y la II República en el exilio.
8. Investigaciones oficiales necesarias para establecer el esclarecimiento de la verdad y definir las medidas de reparación a los sufrimientos por las condenas de los Tribunales Militares y del Tribunal de Responsabilidades políticas, y la suerte de los exiliados políticos españoles en los campos de exterminio nazis, la Repatriación de Menores hijos de los presos políticos, la persecución y explotación de los vencidos por medio del trabajo forzado o esclavo en empresas y en obras públicas del Estado.
Respecto a esas solicitudes ha visto positivamente que:
a. Fueron incluidas todas las personas y de todos los países que había solicitado, en la Ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil.
b. La memoria de los exiliados políticos españoles que se incorporaron a la Resistencia contra el fascismo en Europa y sufrieron la represión, la deportación y el exterminio en los campos han ido siendo recordados y dignificados en actividades como la presencia y palabras del Presidente del Gobierno español en los actos conmemorativos de la Liberación del campo de Mauthausen y en el acto de Estado sobre el Holocausto organizado en enero 2006.
c. El exilio en México y la memoria del Gral. Lázaro Cárdenas fue motivo de conmemoración en el otoño 2005, entre otros, por el grupo municipal socialista, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Cultura y la Universidad Complutense de Madrid.
d. Los archivos que guardan fondos relacionados con la diáspora republicana y la II República en el exilio han sido motivo de convenios y actuaciones de recuperación por el Ministerio de Cultura.
En relación a los contenidos del Proyecto de Ley anunciado en el texto de la referencia del Consejo de Ministros, y a la espera de conocer el documento enviado oficialmente al Congreso de los Diputados, valora positivamente:
a. Que entre los requisitos para la concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales ya no se exija la renuncia a su nacionalidad de origen.
b. Las indemnizaciones previstas por los fallecimientos de personas ocurridos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos; la ampliación de derechos a los familiares de quienes fallecieron como consecuencia de heridas o lesiones de guerra, o fueron víctimas de otras consecuencias bélicas o por actuaciones u opiniones políticas y sindicales; el aumento de las pensiones de los huérfanos, congeladas desde 1981, la exención del IRPF y la compensación a las personas que hubieran tributado por las indemnizaciones;
c. La indemnización a quienes sufrieron privación de libertad en Batallones Disciplinarios y a sus cónyuges.
d. El reconocimiento general y solemne sobre la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal, durante la Guerra Civil es un paso importante del proceso de reparación. Sin embargo, pensamos que esta medida no debe estar sometido a un plazo temporal por las dificultades que tendrán los familiares para estar informados y recabar la documentación necesaria.
e. Dicho reconocimiento debería dar paso a la proclamación de un Día oficial de la Memoria en el que se reconozca, rehabilite y se rinda homenaje en un acto institucional y público a quienes murieron y sufrieron por la defensa de la Libertad.
f. Si bien se dice en el proyecto de Ley que podrán preverse subvenciones para la confección de censos de edificaciones y obras públicas realizadas por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas pedimos que la ley defina previamente los Lugares de Memoria de aquel momento histórico y adopte medidas para la catalogación, dignificación y conservación de todos sus espacios geográficos (fosas, lugares de fusilamiento, cementerios, etc.).
g. Respecto a la localización de personas desaparecidas considera insuficiente que se encargue tan sólo a las asociaciones y que las Administraciones Públicas limiten su intervención responsable a la autorización administrativa y a facilitar las actividades a través de subvenciones.
h. En cuanto al Artículo 17., sobre los símbolos y monumentos públicos, rechaza contundentemente que deben retirarse sólo cuando exalten a uno solo de los “bandos enfrentados” o se identifiquen con el régimen franquista. Situar en la misma consideración la simbología de los defensores de la Libertad con la de quienes actuaron contra la legalidad constitucional es una afirmación inmoral en un régimen democrático.
i. Las medidas propuestas para el futuro de l Valle de los Caídos son claramente timoratas e insuficientes, mientras se mantengan en ese lugar, real y simbólicamente, las tumbas del funesto dictador y del dirigente de Falange española.
La ausencia de algunos temas en la Ley y el contenido de otros preocupan especialmente a la Asociación, por lo que pedimos a los grupos parlamentarios y, sobre todo al socialista, que incluyan entre sus enmiendas:
a. La recuperación de la nacionalidad española de origen de los hijos de los exiliados.
b. Pedimos que se elimine la definición de “bando” para calificar a los defensores de la legalidad institucional.
c. La garantía en el texto de la continuidad institucional de los objetivos de Memoria así como un mecanismo de consulta y seguimiento de las organizaciones sociales y representativas de las víctimas que a lo largo de los años han trabajado a favor de la Memoria de la Libertad.
d. La anulación de todos los juicios penales y militares, porque fueron arbitrarios e ilegales, y la declaración de nulidad de todas las acciones represivas con valor jurídico del régimen franquista.
i. No aceptamos los argumentos jurídicos en contra de esta medida que se han afirmado vagamente hasta ahora. Queremos conocer y por ello pedimos que se hagan públicos, en el Congreso de los Diputados, para conocimiento de las asociaciones, los contenidos de los informes jurídicos de los diversos organismos del Estado que han llevado al Gobierno a considerar las sentencias como “cosa juzgada” y a la opinión, a nuestro juicio equivocada, de que la nulidad de los juicios sumarísimos implicaría “inseguridad jurídica”.
ii. Pedimos que el Congreso de los Diputados pida un informe a juristas independientes de reconocido prestigio.
e. La supresión del apartado 3 del art. 25 sobre el acceso y consulta de los archivos porque es una limitación a la libre investigación, impropia de un régimen democrático, y significa, al limitar la posibilidad de su consulta más allá de los cincuenta años “a partir de la fecha de los documentos”, establecido en el art. 57, apdo. c., una modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La indagación histórica y el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad no afecta a materias clasificadas, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, ni la difusión de sus contenidos entraña riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o a la averiguación de los delitos, por otro lado ya prescritos (Decreto-Ley de 31 de marzo de 1969, por el que se declara la prescripción de todos los delitos cometidos con ocasión de la Guerra Civil (BOE 1º de abril) o amnistiados.
f. El reconocimiento de la Deportación y la Resistencia durante la II Guerra Mundial y de la guerrilla antifranquista.
Madrid, 30 de Julio 2006
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